La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el rechazo a la oferta de la compañía Las Vegas Sands se debe a una serie de condiciones "innegociables y de última hora" que no podían ser asumidas por ninguno de los gobiernos implicados. "El Gobierno tiene la responsabilidad de atraer a España la mayor inversión extranjera posible, especialmente la que genere empleo, pero también tiene la obligación de preservar los derechos de todos los españoles", ha subrayado. En este sentido, ha señalado que planteaban nuevas condiciones de naturaleza fiscal, la restricción de entradas de nuevos operadores y el blindaje jurídico de la inversión, lo cual, ha explicado, "no tiene encaje jurídico ni en derecho español ni en derecho comunitario".