El tribunal de la Sección Segunda dejaba así en suspenso la imputación de la Infanta en relación a posibles delitos fiscales, por cuanto, según recalcaba, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.
Sin embargo, la Agencia Tributaria (AEAT) de Cataluña, mediante un reciente escrito en el que daba respuesta a varias de las peticiones efectuadas por el juez José Castro en cuanto a la necesidad de aclarar si la Infanta intervino en supuestas irregularidades fiscales, recalca que no puede considerarse a la hija del Rey Don Juan Carlos cooperadora o partícipe de un delito contra la Hacienda pública "por el sólo hecho" de ser socia no administradora de Aizoon, en contra del criterio expuesto por la Audiencia.