Fuentes de la investigación han señalado que el precinto de estos documentos ya ha finalizado y se ha realizado tras recibir un requerimiento judicial por parte de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación que lleva a cabo por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades.
El precinto de los expedientes se ha llevado a cabo, según las citadas fuentes, de forma "sigilosa y con discreción" en los servicios centrales del SAE en la calle Seda y en otra sede de la Avenida de Hytasa, sendas en Sevilla capital.
Fuentes cercanas a los hechos han indicado que esta actuación estaba prevista y ya se había avisado a la Junta, dentro de las actuaciones seguidas en la investigación.
Alaya ha considerado, en un auto del pasado 16 de julio en el que imputaba en esta causa al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y lo cita a declarar el próximo día 16 de octubre, que la Junta habría concedido 950 millones de euros en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011.
Esta afirmación la realiza, según esgrime en este auto, a raíz de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo de la Consejería de Educación de la Junta, Carlos Cañavate, que declaró que "había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar".
Por su parte, fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo han mostrado su "máxima colaboración con la Justicia" y han reiterado que "dentro de la línea de colaboración con la investigación judicial la Junta colabora con la máxima diligencia y está a disposición de lo que pida".