Serra Peris fue vicepresidente y consejero del Canal de Isabel II en 2013, momento en el que se formalizó la compra de Emissao por parte de la empresa pública, que investiga por posible fraude para las arcas públicas madrileña el juez del caso Púnica.
En principio, la presidenta de la comisión, Dolores González Pastor, señaló que no había justificado su no comparecencia. Además, recordó que las personas citadas reglamentariamente y que no acudan a esta comisión, de asistencia obligatoria, se le aplicarán las sanciones que impone la Asamblea de Madrid y el Código Penal, artículos 502 y 556.
De hecho, citó el artículo 502 de dicho Código, que señala que serán castigados con un delito de desobediencia. Y si además son funcionarios, como este caso de Serra Peris, que es abogado del Estado, se les impondría una pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Al finalizar la comisión, González Pastor ha informado de que el centro estratégico de comunicaciones de la Asamblea tras llamarle varias veces ha conseguido contactar con el aludido, que ha indicado que remitió un email el 20 de junio con destino a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, alegando que había adquirido compromisos previos acreditados en Asturias para el día de hoy, ofreciéndose a comparecer en otra ocasión.
"Ha sido un malentendido provocado por un error administrativo", ha manifestado la presidenta de la comisión. El fallo, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, ha correspondido al letrado de la comisión, que no ha leído dicho correo electrónico.