La Comisión de Justicia del Senado ha rechazado una moción del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la protección de los derechos lingüísticos en la Administración de Justicia con los votos contrarios del grupo popular, que considera que algunos puntos del texto podrían ser inconstitucionales.
La secretaria Segunda de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, la senadora de Unidos Podemos Sara Cánovas, ha presentado la moción --que ha contado con 3 votos a favor, 6 abstenciones y 15 votos en contra-- con la que se busca "defender la tutela judicial efectiva" de los ciudadanos puesto que, según exponen en el texto, ha quedado más que acreditada la situación de "extrema inferioridad" en cuanto al uso normalizado en tribunales de estas lenguas.
La moción ha contado con una enmienda de sustitución presentada por el grupo popular -- y que no ha prosperado-- que entiende que con la legislación actual ya está reconocido el derecho del ciudadano a ir a los tribunales y expresarse en cualquiera de las lenguas cooficiales, según ha defendido la senadora Esther Muñoz de la Iglesia.
"Mociones como esta empiezan con una mentira y acaban con una imposición", ha expuesto la senadora popular durante el debate del texto en el que ha asegurado que la defensa de una lengua cooficial no puede suponer el ataque al castellano.
El portavoz del grupo parlamentario vaso Jokin Bildarratz ha votado a favor de la misma, a su juicio muy válida desde el punto de vista político y técnico, y ha dicho que no encuentra razones para votar en contra porque es "totalmente respetuosa" con el castellano; más bien lo que persigue el texto votado es incrementar el uso de una lengua que vive "una situación negativa" con respecto al castellano.
AUTÉNTICO BILINGÜISMO
El grupo socialista se ha abstenido en la votación de la moción de la que han dicho comparten cuatro de sus seis puntos. "Nosotros apostamos por el auténtico bilingüismo; nuestra exigencia pasa porque nadie se sienta discriminado", ha dicho el senador del grupo socialista Antonio Julian Rodríguez Esquerdo, quien ha matizado que las lenguas cooficiales no pueden ser un gravamen sino una fuente de riqueza.
El texto, registrado por el grupo de Unidos Podemos en octubre de 2016 a la Mesa de la Cámara Alta solicita la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y cita la sentencia 316/2012 del Tribunal Superior de Justicia de Ctaluña (TSJC) que establece que el derecho de opción lingüística es un derecho individual de cada persona y no de la Administración.
Añade además que en Cataluña en 2014 se redactaron en catalán el 12,2 por ciento de sentencias emitidas. Menores son las cifras en Galicia, donde se calcula que en gallego se dictan alrededor de un 4 por ciento de resoluciones, o en Valencia. El porcentaje es inferior en País Vasco y Navarra donde las sentencias en euskera son "absolutamente residuales".