En un comunicado este viernes, consideran que, pese a que no se les haya investigado por malversación de caudales públicos --se les condenó por desobediencia--, no les exime de su responsabilidad contable al haber usado fondos para "un proceso de participación ciudadana carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria".
"Ordenaron, dirigieron y facilitaron la logística y medios materiales para la consulta ilegal disponiendo indebidamente de fondos públicos para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadadas", sostiene SCC.
Los denunciantes no descartan que pueda extenderse la responsabilidad contable a los altos funcionarios que se acredite que colaboraron en la tramitación de los expedientes administrativos generadores del gasto de la consulta ilegal.
SCC y la asociación de abogados creen que con esta denuncia podrán, además de que se devuelvan los fondos a la Generalitat, establecer "un precedente que evite la repetición de la posible malversación de fondos en un nuevo referéndum ilegal".