En concreto, la Fiscalía reclama nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Además, solicita casi nueve años para las exconsejeras catalanas Joana Ortega e Irene Rigau.
En declaraciones a los periodistas, antes de presidir la entrega de los Premios Nacionales de Juventud junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la vicepresidenta ha subrayado que la ley se aplica en España "para todos" y si se incumple, "lógicamente en un Estado de Derecho eso tiene consecuencias".
"LA FISCALÍA ACTÚA AUTÓNOMAMENTE"
Dicho esto, Sáenz de Santamaría ha recalcado que la Fiscalía actúa "autónomamente" al hacer esa petición de pena para Artur Mas. "Esto es la aplicación de la ley y nosotros desde luego respetamos las decisiones de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley y por el Estado de Derecho", ha apostillado.
"Del mismo modo que cualquier ciudadano cuando incumple la ley sabe que le puede acarrear determinadas consecuencias, pues el señor Mas es un ciudadanos más que se está juzgando si se saltó la ley y qué pena le corresponde por eso", ha enfatizado.