Toda la oposición e incluso el que hasta ahora ha sido el propio partido de la exalcaldesa Rita Barberá , se suma a una iniciativa para que las Cortes Valencianas articulen los mecanismos legales necesarios para revisar o remover a los cargos públicos en caso de interés general.
Rita Barberá ha dejado el PP pero no su acta de Senadora, según informó mediante un comunicado a la prensa. Lo ha hecho forzada por el partido y antes de que el propio Partido Popular la echara.
La exalcaldesa dice que su inminente imputación demuestra que no tiene privilegios y asegura que dimitir podría entenderse como una asunción de culpabilidad.
Con su salida del PP, Ciudadanos ve colmadas sus exigencias, de cara a, llegado el caso, tener que apoyar a Rajoy, si éste intentara se nuevo ser investido presidente.
Aforamiento como protección
Las Cortes Valencianas eligieron a Rita Barberá senadora por designación autonómica en julio de 2015. El Grupo Parlamentario Popular la situó nada más llegar como presidenta de la Comisión Constitucional, un cargo que mantuvo hasta que se disolvieron las Cortes en octubre por la convocatoria de las elecciones generales de diciembre.
También fue incluida entonces en la Diputación Permanente del Senado, el órgano que da continuidad al Parlamento cuando está disuelto o en vacaciones y en el que los partidos suelen situar a sus cargos más relevantes. Con el cambio de legislatura, en enero de este año, el PP volvió a hacerla miembro de este órgano.
El asunto no hubiera tenido trascendencia de no haberse visto Barberá implicada en el 'caso Taula'. Los miembros de la Diputación son los únicos que mantienen el aforamiento, condición que les impide ser juzgados por otro tribunal que no sea el Supremo y previa aprobación además por parte del Senado de un suplicatorio, de una retirada temporal de ese aforamiento.
La oposición interpretó entonces que el PP trataba de proteger a Barberá, algo que los 'populares' siempre han negado con el argumento de que si tiene que ser juzgada, lo será igualmente. El caso es que todos sus compañeros concejales del Ayuntamiento se vieron investigados en Valencia por un supuesto blanqueo de capitales y fueron llamados a declarar, mientras ella quedaba al margen.
El juzgado que llevaba el caso, el de Instrucción número 18 de Valencia, preguntó al Senado si Barberá efectivamente era miembro de la Cámara y recibida la confirmación, envió al Tribunal Supremo la parte relativa a la exalcaldesa.
Las Cortes se disolvieron en abril, porque se repitieron las elecciones generales en junio, y Barberá mantuvo el aforamiento como miembro de la Diputación Permanente. El martes, con la XII legislatura ya en marcha, el Supremo abría causa contra la exalcaldesa.