El ministro de Justicia, Rafael Catalá, es el encargado de llevar esta propuesta al Consejo de Ministros para que, tras su aprobación, sus requisitos sean examinados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se ha reservado la tarde del próximo 22 de diciembre para celebrar el Pleno que examinará la idoneidad del candidato que proponga el Gobierno para sustituir al hasta hoy fiscal general.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes de este órgano que indican que la fecha había sido comunicada a los vocales antes de conocerse los planes del gobierno a efectos de organización, ante la inminencia de las fiestas Navideñas y una vez se ha conocido que el Congreso ha fijado la comparecencia del que será nuevo fiscal general para el próximo 8 de enero.
Candidatos
En las quinielas sobre el sustituto de Torres-Dulce aparece en primera línea la fiscal del Tribunal Supremo, con categoría de fiscal de Sala, Pilar Fernández Valcárcel.
En los últimos meses sonado nombres como el del presidente de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que parecen ahora descartados, y más recientemente los de magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la carrera fiscal como serían Antonio del Moral o Miguel Colmenero, ambos conservadores e integrantes de la Sala de lo Penal del alto tribunal.
El Pleno del órgano de gobierno de los jueces debe cumplir determinados requisitos formales, que son los que debe analizar el CGPJ, como son el de ser un juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, según establece el Estatuto Fiscal en su artículo 29.
Una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados. La persona elegida comparecerá el 8 de enero ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad.
Después, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.