El texto recoge, en la disposición adicional lengua castellana y lengua vehicular de la enseñanza, que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua vehicular de la enseñanza".
El borrador del ministro Wert permite a los padres elegir la lengua vehicular de la educacion de sus hijos. Además, las comunidades autónomas serán las encargadas de pagar la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que soliciten el castellano y que no puedan recibirlo en una proporción razonable en uno público o concertado.
"Rompe el modelo de escuela catalana"
Desde Cataluña se consideran la reforma como el mayor ataque a su educación desde el 78, según palabras de la consejera Irene Rigau, que considera que el texto "rompe el modelo de escuela catalana".
El nuevo texto, que la consellera ha conocido este mismo lunes, es "absolutamente distinto" al que hasta ahora han debatido y establece tres categorías de materias en Primaria y Secundaria: las troncales, castellano, la primera lengua extranjera y ciencias; las asignaturas específicas; la segunda lengua extranjera, educación física, religión y educación artística y en último lugar las de especialidad, donde se encontraría la lengua cooficial.
Ello puede representar menos horas lectivas de lengua catalana y que un alumno pueda conseguir el título de ESO y Bachillerato sin examinarse de catalán, porque pasa a ser una materia de cuarto orden, lo que respresenta una "ofensiva" que ningún ministro se había atrevido a plantear durante la democracia.
La consellera también ha criticado que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, haya dado a conocer este giro de la nueva ley tras las elecciones catalanas, lo que ha considerado una "estrategia política".
Desaparece educación para la ciudadanía
El texto no sólo recoge modificaciones en el aspecto lingüístico. Tanto en primaria como en secundaria, se tendrá que elegir entre religión o ética y desaparece completamente la polémica educación para la Ciudadanía, que vio la luz bajo el gobierno de Zapatero.
Además, se establece un horario mínimo para las asignaturas troncales del 50% del horario. Para el resto las autonomías y centros escolares tendrán mayor flexibilidad para fijar contenidos y horarios.