Para el Gobierno, el referéndum “ilegal” del 1 de octubre no cumple con ninguna garantía porque “es un referéndum sin sindicatura electoral”, ya que tras las multas “renunciaron todos ellos”, sin campaña, sin papeletas, sin mesas electorales, sin censo oficial y sin protección de datos. El ministro ha hablado de “caos organizativo e improvisación”.
Méndez de Vigo ha asegurado que "no habrá referéndum el 1 de octubre” porque “este proceso secesionista desde el principio es ilegal y está basado en actos ilegales", por lo que "la obligación del estado de derecho es impedr que pueda celebrarse”.
El ministro ha señalado como responsables de la organización del referéndum a los miembros del Gobierno catalán y ha asegurado que "tendrán que responder en el estado de derecho”. Para el Gobierno, “los responsables caen en una muy grave deslealtad institucional por la que responderán ante los tribunales de justicia”.
El Gobierno ha calificado el proceso como “desatinado, innusto y doloroso” y asegura que “va dirigido contra el pueblo catalán”. “Al gobierno le preocupa la fragmentación de la sociedad catalana” que ha llegado hasta las familias y las amistades.
El ministro se ha mostrado especialmente molesto con la “la deleznable utilización de niños” y sobre el papel de los Mossos en el 1-O ha asegurado que "estoy completamente seguro de que van a cumplir con la Ley y con el mandato del juez".