La reunión se produce con varias querellas en marcha que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por orden de la Fiscalía General, ha presentado contra varios cargos electos soberanistas.
El último caso se produjo el 16 de mayo, cuando Maza ordenó al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, querellarse contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el anuncio de comprar 8.000 urnas.
Esta querella alega delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos y fue criticada por Puigdemont, que defendió que la licitación era "impecable" y recordó que la comunidad andaluza también compró urnas en su día y no pasó nada.
Otros procesos judiciales en marcha son los que afectan a cinco miembros de la Mesa del Parlament, investigados por permitir que la Cámara catalana debatiera iniciativas vinculadas con el referéndum y el proceso soberanista.
El Govern considera estos procesos una "judicialización" del proceso soberanista, y reclama que este proyecto político se aborde desde el diálogo y la negociación con el Estado, no a través de los tribunales.