Carles Puigdemont lo ha hecho saber en un mensaje de Twitter en el que, en neerlandés, ha hablado en plural, lo que presumiblemente hace extensiva su proposición a los consellers cesados que se encuentran también en Bélgica: Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el jueves envió a prisión a los consellers cesados que sí acudieron a declarar, emitió el viernes una orden de búsqueda y captura para Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig y Serret ya que se les investiga por presunta rebelión, sedición y malversación.
En este sentido, el ministro de Justicia belga, Koen Geens, ha avisado de que la ejecución de la orden europea de detención que la Audiencia Nacional ha dictado contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es un proceso que depende de las autoridades judiciales del país y que el Gobierno federal "no tiene rol" alguno que desempeñar en él.
"Es un procedimiento enteramente judicial. El poder ejecutivo no juega ningún rol en el procedimiento de la orden europea de detención (ODE). Todo se hace por contactos directos entras las autoridades judiciales", explica un comunicado difundido por Geens a través de su cuenta de Twitter.
El ministro ha querido así manifestar una serie de "precisiones" sobre el proceso que se abre a partir de que la Fiscalía federal haya recibido las euroordenes para detener y extraditar a Puigdemont y a los cuatro exconsellers que el acompañan en Bruselas desde el pasado lunes.
¿Qué sucede una vez que la Fiscalía recibe las euroordenes de detención y extradición?
Así recuerda que la orden europea sustituye desde 2004 al tradicional sistema de extradición que dependía de cuestiones bilaterales entre Estados miembros y que la nueva orden sólo puede ser emitida por delitos que sean castigados con "al menos un año de cárcel" en el país que emite la petición.
Asimismo, el ordenamiento jurídico belga prevé en la ley de aplicación de la euroorden varios supuestos posibles para rechazar la extradición, como que la persona requerida sea menor de edad, que se le reclame por hechos amnistiados en el país receptor o que haya riesgos graves para sus Derechos fundamentales en el Estado que le reclama.
En cualquier caso, la persona será "privada de libertad" como consecuencia de este mandato y deberá prestar declaración en las 24 horas siguientes ante el juez de instrucción designado para el caso. Este decidirá si la orden cursada por las autoridades judiciales españolas es conforme a derecho y también si la persona requerida, en este caso Puigdemont y los cuatro exconsellers, debe continuar en prisión o es puesta en libertad, condicionada a medidas para impedir su fuga.
La Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) decidirá después en el plazo de 15 días si la orden de extradición puede ser ejecutada, y las partes podrán recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelación, que también dispondrá de otros 15 días para pronunciarse.
Tras agotar estos dos recursos (30 días máximo en total), las partes aún podrán recurrir a una última instancia, la Corte de Casación, lo que podría alargar los plazos previstos para tomar la decisión definitiva.
Así las cosas, la decisión final sobre la orden de detención y extradición se debe cerrar en un plazo máximo de 60 días, aunque en circunstancias excepcionales podría alargarse 30 más, hasta sumar 90.
Si la Justicia belga concluye que debe cumplirse con la orden europea, los afectados deberán ser entregados a las autoridades del Estado que les reclama en los 10 días siguientes a la decisión definitiva.