En concreto, la iniciativa de Unidos Podemos busca reformar dos artículos del Reglamento del Congreso, que data de 1982, para obligar al Gobierno a comunicar "de forma expresa y suficientemente motivada" su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley y que ésta únicamente se pueda vetar si afecta "exclusivamente al ejercicio presupuestario en curso".
Una vez que la Mesa reciba el escrito del Gobierno, podrá "examinar y valorar" tanto los requisitos formales como la motivación aportada por el Ejecutivo para decidir si acepta su disconformidad o se opone a la misma. Además, la Mesa, 'motu propio' o a petición de los grupos, podrá requerir al Ejecutivo información adicional sobre su veto.
Según la reforma que propugna Unidos Podemos, recogida por Europa Press, la Mesa también podría pedir un informe a la Oficina Presupuestaria de las Cortes sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en cuestión.
Y LO MISMO CON LAS ENMIENDAS
En el caso de que, en el plazo de 30 días desde la publicación de la iniciativa, el Gobierno no se oponga a la tramitación, no lo haga de forma expresa y suficientemente motivada o no se refiera únicamente al ejercicio presupuestario en curso, la Mesa podrá dar vía libre a su inclusión en el orden del día para el debate de toma en consideración.
Y podrá hacer lo mismo si considera que el veto puede suponer una violación de los derechos fundamentales de potestad legislativa de los diputados.
La propuesta de Unidos Podemos también se refiere al veto a las enmiendas presentadas a proyectos de ley que puedan implicar aumento del gasto o disminución de ingresos, limitando cualquier veto a que afecten al ejercicio presupuestario en curso y exigiendo la misma disconformidad de forma "expresa y suficientemente motivada".
Esta es la tercera propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que se debate en el Pleno desde el inicio de la legislatura. El pasado mes de abril ya se acordaron tramitar otras dos modificaciones reglamentarias, pero ambas están 'congeladas' desde entonces. Se trata de una del PP para regular los grupos de interés (lobbies) y otra del PNV para que la Cámara evalúe el cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley aprobadas.