El titular de Industria, acompañado por el de Exteriores, ha visitado las instalaciones del almacén subterráneo de gas natural y el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. En ese momento, reiteró que no iba a darse una autorización para reanudar la actividad de la planta de almacenamiento de gas hasta que no existiera "un informe convincente" de que existen "plenas garantías de seguridad para la población" del Instituto Geológico y Minero (IGME), que está estudiando los temblores.
Además, el ministro de Industria ha hecho frente a una pregunta de CiU, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, sobre los planes del Gobierno con este asunto. Así, ha defendido la prudencia adoptada por el Gobierno en todas sus actuaciones relacionadas con el proyecto de almacenamiento de gas Castor, y ante los 378 sismos registrados desde el pasado 5 de septiembre.
"Lo más prudente es lo que ha hecho el Gobierno, que tras detectar un movimiento sísmico de 3,6 en la escala Richter el día 24, dos días después, el pasado 26 de septiembre, determinó la paralización de cualquier tipo de inyección adicional de gas colchón", ha justificado el ministro.
Es más, ha detallado que, desde el mes de junio y hasta el 26 de septiembre, se produjeron inyecciones de gas colchón en el almacenamiento subterráneo de Castor, y desde el pasado 5 de septiembre se registraron 378 movimientos sísmicos, doce perceptibles por la población, y uno de ellos, el 1 de octubre, fue de 4,2 de magnitud en la escala Ritcher.
En cuanto a la alarma generada por los temblores, Soria ha insistido en que los responsables políticos deberían opinar "única y exclusivamente" en base a las consideraciones técnicas que den los expertos. "Los políticos tenemos que tranquilizar en base a fundamentos", ha apostillado.
Sobre si ha habido falta de información por parte del Gobierno, como así le acusaba CiU, Soria lo ha negado, al mismo tiempo que ha confirmado que toda la información disponible por parte del Gobierno la conocen las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos afectados.
Sobre el hecho de que un conjunto de alcaldes de una comunidad autónoma determinada (Cataluña) no fueran citados hace un par de días a la reunión que el ministro mantuvo con ediles afectados, como así le ha criticado CiU, Soria ha indicado que sólo asistieron aquellos que solicitaron al Ministerio ser escuchados.
EL CIERRE DE CASTOR
Por su parte, los portavoces de Izquierda Unida, José Luis Centella, y de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Coscubiela, denunciaron este martes en rueda de prensa el "chantaje" de la empresa del proyecto Castor que "amenaza a los ciudadanos con que tendrán que pagar su cierre", si finalmente no puede reanudarse su actividad porque continúan los temblores como consecuencia de las inyecciones de gas.
Preguntado por esta hipótesis, el ministro ha incidido en que no se está contemplando "ahora mismo" porque, según ha subrayado, se está trabajando en determinar si la actividad del proyecto puede ser o no segura para las personas. "Es lo que importa al Estado y al conjunto de las administraciones públicas", ha confirmado en varias ocasiones.