Así lo ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que ha destacado también como objetivos españoles impulsar los derechos relacionados con el acceso al agua y al saneamiento y los derechos humanos en relación con la actividad de las empresas, además de potenciar la efectividad del Consejo.
Dastis ha destacado que estas actividades supondrán un "realce" pero también una "continuidad" de lo que ya viene haciendo España, en particular durante su bienio de pertenencia al Consejo de Seguridad de la ONU (2015-2016), que tuvo entre sus prioridades la protección de las mujeres en conflictos y su inclusión en los asuntos de paz y seguridad. También ha recordado el compromiso de España con la Comisión Internacional contra la pena de muerte, cuyo secretariado tiene su sede en Madrid.
El ministro ha subrayado además que España ha sido elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos con un amplio apoyo, 180 votos de 186 emitidos, un respaldo "superior a países con un excelente registro en la protección de derechos humanos como es el caso de Australia".
El jefe de la diplomacia española se ha expresado así en el pleno del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta de la 'popular' Pilar Rojo, que ha aprovechado para destacar que la elección de España para este órgano supone un "reconocimiento y una expresión de confianza de la comunidad internacional" en España, y demuestra "el compromiso de los poderes públicos y de la sociedad española con los derechos humanos".
De hecho, la diputada ha recalcado que, en el plano interno, "la defensa y la protección de los derechos y libertades fundamentales se ha convertido en un principio inspirador y un eje transversal de las decisiones gubernamentales" y, en el ámbito internacional, esta es "una de las prioridades de la política exterior y de la acción de la cooperación española".