Cinco vocales pertenecientes al sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amenazan con interponer un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de este órgano que, pese a sacar a concurso la plaza que ocupa de forma interina el instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, le permitirá permanecer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 hasta concluir sus sumarios pendientes si así lo solicita.
Así lo señalan en una nota, a la que ha tenido acceso Europa Press, las vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda (todas ellas designadas por el PSOE) y Concepción Sáez, que fue elegida a propuesta de Izquierda Unida. Las firmantes critican que Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, no haya dado respuesta alguna al escrito que presentaron el pasado viernes junto con los también vocales Rafael Mozo y Enrique Lucas solicitando que la cuestión se resolviera por el Pleno del órgano, que está convocado para el próximo día 18.
Falta de deferencia
Afirman además que han tenido conocimiento del acuerdo de este martes a través de una nota de prensa del CGPJ, lo que ha su juicio "implica una clara falta de deferencia" con los aquellos vocales que efectuaron al presidente Carlos Lemes una petición concreta sobre este asunto.
Las vocales insisten en que la decisión de los vocales de la Permanente implica un margen de discrecionalidad que determina que, conforme a lo dispuesto en el artículo 599.1.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial "sea competencia del Pleno y no de la Comisión Permanente". Por ello, afirman, se reservan "el derecho a interponer contra el mismo los recursos correspondientes", lo que se traduciría en un recurso ante la Sección Tercera del Tribunal Supremo.
Especiales circunstancias
En su escrito del pasado viernes los vocales progresistas recuerdan que el propio precepto por el que debe guiarse la renovación, el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "requiere la valoración de diversas circunstancias" entre las que se encontraría la de "la idoneidad del magistrado que haya de atender la necesidad a la que responda la cobertura del destino" en cuestión.
Por ello, creen que la plaza de Ruz no debería haber sido resuelta de modo automático, ya que la ley prevé diversas opciones cuya ponderación y decisión compete al CGPJ y que corresponde adoptar al Pleno del Consejo y no sólo a los vocales de la Permanente. Añaden "poderosas razones", como que se trata de una decisión de evidente interés general y que está vinculado a la imagen de la Justicia, por lo que se deben asegurar las "máximas garantías".