Los procuradores muestran su preocupación en un comunicado ante el acuerdo alcanzado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Hacienda. Se trata de la autorización del órgano de gobierno de los jueces para que los tribunales y juzgados faciliten al departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro datos relativos a la actuación de cada abogado y procurador en los procedimientos judiciales entre los años 2014 y 2016.
"Entendemos encontrarnos bajo una sospecha generalizada como defraudadores fiscales, siendo la realidad muy distinta", subraya el Consejo. Al mismo tiempo destaca que la voluntad de los procuradores es "colaborar con el fisco español" porque, asegura, que todos realizan sus declaraciones de Hacienda.
En este sentido, el Consejo General de Procuradores ha encargado a sus servicios jurídicos un estudio sobre esta situación para que se analice la posibilidad de interponer un recurso para impedir que Hacienda tenga acceso a estos datos. "Parece ser una velada acusación general de incumplimiento", concluye.