El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha presidido en Caravaca de la Cruz este viernes la apertura del año judicial y ha dedicado las primeras palabras de su intervención a la "grave crisis" institucional que se vive en Cataluña.
Así, ha advertido que "al margen de la Ley no hay libertad ni democracia" y desobedecerla "supone un ataque inaceptable a nuestro proyecto común de convivencia, del que la ley, como síntesis consensuada de compromisos y renuncias, es su máxima expresión".
Igualmente, ha recalcado la labor de los jueces y magistrados, en el sentido de que "una vez más, cuando otras instancias han fallado", éstos -esta vez de Cataluña- "cumplen con su misión constitucional de garantizar el imperio de la Ley y el respeto al Estado de Derecho", lamentando que estén siendo "cuestionados y descalificados por ello".
A su juicio, "hemos de ser conscientes de que el Estado de Derecho fracasará el día en el que una sola decisión judicial quede convertida en papel mojado".
DEMORA EN CASOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y CORRUPCIÓN
Igualmente, ha defendido la necesidad de dar respuesta al problema de la violencia sobre la mujer, que esta misma semana se ha cobrado una nueva víctima en la Región, y la corrupción en los ámbitos público y privado.
"La lenta gestación de la verdad judicial es casi siempre incompatible con el paradigma de lo instantáneo, que tantas veces aspira, y lo consigue, a convertirse en la única verdad. La justicia siempre llega; es lenta, pero llega", ha comentado.
Esto, ha dicho, "no nos debe servir de excusa para evitar la excesiva demora que estamos sufriendo en la investigación y enjuiciamiento de estos complejos casos".
Retrasos ha dicho que, "explicables desde la insuficiencia de medios humanos y materiales, la inadecuación de nuestro procedimiento penal y los abusos que de él se hacen, da como resultado un sistema penal de apariencia ineficaz".
Durante los dos últimos años, recuerda, "hemos reforzado con jueces adicionales muchos de los juzgados de instrucción que investigaban estos delitos; doblado los efectivos en las secciones penales de la Audiencia Provincial, lo que ha permitido que en los últimos dieciocho meses hayan reducido su pendencia en un 43%, por lo que pueden criticarse las resoluciones, pero no desacreditar a los jueces Ya termino".
Y ha aludido a la independencia del poder judicial, que "debe también actuar, y actúa, desde la más absoluta independencia". "Existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y las descalificaciones hacia el poder judicial y sus integrantes, por otra", señala.
Y es que, denuncia Pasqual del Riquelme, "pueden criticarse las resoluciones, pero no es aceptable desacreditar a los jueces que las firman por el mero hecho de no compartirse el sentido de lo resuelto".
"Quienes así lo hacen parecen no darse cuenta de que, con ello, causan un daño irreparable a aquellas instituciones y servidores públicos que estamos, por obligación y por convicción, al margen de otros intereses que no sean la aplicación imparcial y objetiva de la Ley", ha matizado.
CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS JUDICIALES
Ha aprovechado para hacer un balance del curso judicial recién terminado. En el año 2016, los juzgados y tribunales de la Región de Murcia resolvieron 200.075 asuntos, un 6 por ciento más de los que recibieron, lo que permitió una reducción en un 8 por ciento del número de procedimientos en trámite.
Una valoración "positiva" de tales resultados si se tienen en cuenta las "carencias estructurales" que sufre la administración de Justicia en la Región. En comparación con el resto de comunidades, Murcia está entre las que más litigiosidad soporta.
"Cada uno de nuestros jueces tiene que atender 166 litigios más al año que la media nacional y a pesar de ello nuestra tasa de resolución está cuatro puntos por encima de dicha media", ha indicado.
Por ello, ha vuelto a insistir en que la administración de Justicia murciana "tiene más trabajo, menos unidades judiciales, menos jueces y mayor productividad que en la mayor parte de España; hacemos más con menos".
Debido a que Murcia tiene niveles de pendencia superiores a la media nacional, el presidente del TSJ de Murcia ha resaltado la necesidad de que el Estado "atienda las demandas de creación de nuevos órganos judiciales reclamados desde hace años".
Así, ha tachado de "insuficiente" la prometida creación para fin de año de tres nuevas unidades judiciales (dos en Murcia y una en Cartagena), dado que aún faltarían 28 unidades judiciales, según datos del propio Ministerio de Justicia.
También ha instado a que se acometa con urgencia la construcción de nuevas sedes judiciales en Cartagena, Lorca y Molina de Segura, así como la rehabilitación del palacio sede del TSJ y la Audiencia Provincial.
En otro orden de cosas, ha advertido que la economía se resentirá, y con ella los niveles de bienestar social, "si no se protegen eficazmente los derechos de propiedad, si hay dificultades para exigir el cumplimiento puntual de los contratos, si no se garantizan las libertades económicas, si no ponemos coto a la corrupción pública y privada y si no protegemos a quienes sufren los desequilibrios e inequidades que genera el mercado".
Razón por la que ha vuelto a hacer un llamamiento a todas las instituciones y corporaciones de la Región para que "sepamos reivindicar lo que en justicia nos corresponde".
"La globalización y la fluidez de los mercados proporcionan ventajas comparativas a aquellas regiones que sepan desmarcarse por la mejor calidad y eficacia de su sistema judicial", ha dicho, para después recordar que algunas comunidades "hace tiempo que comprendieron esto y nos llevan años de ventaja reivindicando medios humanos y materiales para la justicia".
RETOS Y DESAFÍOS ESTE AÑO JUDICIAL
Consciente de los retos y desafíos que a los que se enfrenta la Administración de Justicia en la Región de Murcia en el año judicial que ahora comienza, ha apostado, en primer lugar, por "continuar dando respuesta a una litigiosidad que, previsiblemente, irá en aumento a medida que se consolide la recuperación económica".
De hecho, ha alertado que la entrada "masiva" de demandas de cláusulas suelo "es un desafío especialmente importante, que ha encontrado una respuesta anticipada del Consejo General del Poder Judicial en la especialización de juzgados para estos asuntos".
También ha hecho referencia a los trascendentales cambios organizativos y tecnológicos impulsados por el Ministerio de Justicia a nivel nacional y, singularmente, en la Región y los "notorios" problemas y fallos que se han producido en esos ámbitos durante el pasado año.
Así, ha aprovechado para poner de manifiesto el sentimiento de "frustración" de jueces, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales que "sufren en su trabajo diario los errores y fallos en la implantación de las nuevas tecnologías".
Razón por la que ha exigido del Ministerio la "necesaria" atención a las razonables de quienes pensamos que "tan importantes como inevitables procesos de modernización demandan mayor y mejor planificación e inversión y una más sosegada y ordenada gestión del cambio".
En el acto se han hecho públicos los reconocimientos hechos en la última reunión de la Sala de Gobierno del TSJMU a la labor destacada durante el último año de magistrados, fiscales, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia y colectivos profesionales e instituciones colaboradoras con proyectos del Tribunal Superior, como los Colegios de Abogados y Procuradores de Murcia y la Guardia Civil.