En concreto, el juez le ha emplazado a comparecer el 9 de septiembre. Gijón, cuyo nombre aparece en repetidas ocasiones en el extenso sumario de la causa, puede ser citado en instrucción aun siendo diputado y, por tanto, aforado.
La inhibición del magistrado ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), de producirse, debería llevarse a cabo en una fase más avanzada de las investigaciones, según los criterios marcados por esta sala. Así sucedió en su día, de hecho, al ser imputada la expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar por otro caso de corrupción.
La citación de Gijón se ha producido a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirió una de las acusaciones particulares personadas en la causa.
Gijón, quien dimitió como secretario general del PP de Palma por su vinculación con estas pesquisas, manifestó recientemente sentirse "tranquilo" y aseveró que irá a declarar "si el juez lo considera", alegando que "en su momento" ya se ofreció para ello.
El instructor de estas pesquisas vincula tanto a Gijón como al expresidente de la formación en la capital balear con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas", según expone en varios de sus autos.
El juez se refiere a los agentes investigados como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación", llega a afirmar.
En concreto, Penalva apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho presuntamente perpetrados por numerosos agentes investigados.
Rodríguez ya compareció como encausado el pasado viernes, declaración tras la cual el instructor decretó contra él la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del Ayuntamiento, aunque limitado al departamento de Actividades, Urbanismo y Policía local, así como a cualquier instalación o dependencia de ésta ubicada en un lugar distinto.