En concreto, se compromete al Gobierno a realizar "las actuaciones necesarias, de acuerdo con el Gobierno vasco, para proceder, antes de finalizar 2017, a la transferencia de las funciones, servicios, instituciones, medios materiales y personales en materia de administración penitenciaria".
La enmienda, recogida por Europa Press, apela al artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que "establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia de legislación penitenciaria."
La propuesta de Unidos Podemos, una reivindicación histórica del PNV, se basa en que, después de 37 años de la aprobación del Estatuto, sus disposiciones no han sido plenamente desplegadas y que "el desarrollo del autogobierno exige la culminación de los traspasos de funciones y servicios correspondientes a las competencias del Gobierno vasco, establecidas en el Estatuto".
"Es una cuestión de lealtad institucional que el Gobierno proceda, de acuerdo con el Gobierno vasco y en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias, al traspaso de la gestión de los centros penitenciarios", argumentan.
A su juicio, el Gobierno vasco, en desarrollo de las previsiones del Estatuto de Autonomía, debe ejercer la totalidad de la gestión de la actividad penitenciaria en Euskadi porque "la gestión desde la proximidad supondrá una mejora en la prestación, es este caso, de los servicios penitenciarios".