Así consta en una proposición no de ley (PNL) que ha registrado el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, con motivo de la elección de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El texto puntualiza que esa Mesa debería reunirse de forma plenaria al menos antes de cada sesión del Consejo --que celebra tres sesiones al año--.
La PNL, firmada por Pablo Bustinduy y Txema Guijarro, pretende también que el Gobierno elabore "una estrategia para transversalizar la protección" de los defensores de Derechos Humanos en la política exterior española, y especialmente a los defensores del medio ambiente, a quienes luchan contra la violencia de género y al colectivo LGTBI.
En tercer lugar, propone iniciar trabajos para que, a mitad de su mandato, España pueda promover o integrarse en un grupo de trabajo para redactar una propuesta de Convención Internacional para la aplicación de las normas relativas a los derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género, esgrimiendo que así lo aprobó --por unanimidad-- la Comisión de Exteriores el pasado junio.
Además, Podemos quiere que el Congreso inste al Gobierno a "solventar los problemas identificados por las revisiones periódicas" del Consejo de Derechos Humanos en España y a "hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas que habitan en España".
También pide impulsar la defensa de los derechos de las mujeres y de quienes sufren discriminación racial o por "origen étnico, nacional, religión, por su identidad u orientación sexual, o por su diversidad funcional", así como los derechos de la infancia; situar en el centro de la política exterior los derechos humanos y la equidad de género, apoyar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante de empresas y derechos humanos y fomentar la participación de activistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos en el trabajo del Consejo.