El Tribunal Constitucional declaró este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo en marzo de 2012, por "legitimar una conducta insolidaria" con el resto de los ciudadanos y considerar que el Estado "ha abdicado de su obligación" de hacer que todos sostengan "por igual los gastos públicos". No obstante, la sentencia no anula las regularizaciones hechas hasta ahora.
Fuentes jeltzales han señalado a Europa Press que, en su momento, ya consideraron que la medida era "un profundo desacierto" y que "generaba una inequidad social inaceptable". El PNV también defendió que se publicaran los datos de quienes se habían acogido a la amnistía fiscal, y mostró su disposición a apoyar "cualquier modificación legislativa que fuera encaminada a una mayor transparencia".