La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de dos a cuatro años de cárcel a los siete acusados de la trama de amaño de obras públicas vinculadas a la extinta Adigsa, empresa pública que gestionaba las viviendas sociales públicas promovidas por la Generalitat de Cataluña.
En su sentencia, tras un pacto suscrito por seis de los siete acusados, la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona les ha impuesto también penas entre dos y ocho años de inhabilitación y el pago de diversas indemnizaciones, todo ello por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad.
Cuatro cargos públicos y tres empresarios se enfrentaban a penas de hasta 10 años de cárcel por el supuesto fraude cometido en 2003 con la gestión de planes de vivienda social para jóvenes promovidos por Adigsa, pero con el pacto han conseguido rebajar sustancialmente las penas.
El que era consejero delegado de Adigsa en 2003, Josep Antoni Fontvila, en la estructura de la empresa "la extraña intervención" de José María Penín --los dos pertenecían a CDC--, al que se presentó como un supuesta técnico externo y, de forma totalmente arbitraria, comenzó a decidir en el proceso de tasación y adjudicación de obras de rehabilitación de pisos a empresarios particulares, según la sentencia.
FONDOS PÚBLICOS DILAPIDADOS
De esta forma, fabricaron expedientes de adjudicación a medida y dilapidaron fondos públicos en favor de Penin y de los empresarios acusados, y ahora condenados en la causa: José Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido.
Fontvila y Penín contaron con la colaboración desde la Administración del jefe del área técnica de Adigsa, Jordi Huguet para encargar de forma informal los trabajos a empresarios amigos "sin que aportase demasiado el resultado de las mismas".
De un total de 23 expedientes del 'Pla Jove' solamente uno se adjudicó respetando los procedimientos y en 22 expedientes --relativos a obras en un total de 34 viviendas-- la tramitación fue desviada "en favor de un sistema de contratación paralelo articulado" en torno a Penín, de común acuerdo con Huguet y Sala.
Los siete encausados han sido condenados a pagar de forma conjunta a la entidad sucesora de Adigsa un total de 120.000 euros y, además, entre Penín y Fontvila deberán abonarle casi 29.000 euros a mayores.