Además, los independentistas han registrado una proposición de ley en la que instan al Gobierno a liquidar una norma que el Consejo de Ministros aprobó cinco días después del referéndum independentista del 1 de octubre y tras empezar la fuga de empresas de Cataluña.
ACUSAN AL GOBIERNO DE DESLEALTAD Y REPRESIÓN ECONÓMICA
El portavoz económico del PDeCAT, Ferran Bel considera que esa norma supone una "deslealtad absoluta de España con Cataluña", un "verdadero ataque institucional a la economía catalana" y "una nueva vía de represión económica" que se suma a otros "agravios" como "el déficit fiscal, la escasa inversión, el pago generalizado de peajes o el modelo centralizado de los aeropuertos".
Desde su punto de vista, "esta modificación lesiona directamente los derechos de los socios y accionistas, verdaderos propietarios de las empresas", porqué priva a la Junta general la competencia de decidir el cambio social y sitúa el órgano de administración al frente de las decisiones.
Además, según Bel, la nueva ley "extiende una práctica legislativa fraudulenta" que pretende "disimular la voluntad expresa del Gobierno" de facilitar la salida de sedes sociales de Cataluña. "Es una vulneración de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado", ha denunciado el también alcalde Tortosa.