La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar este jueves como investigado al ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana dentro de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva.
El abogado de Pastrana, Adolfo Cuéllar, ha solicitado a la magistrada que suspenda la declaración de su patrocinado dada la "grave" enfermedad que padece, lo que hace que se encuentre "imposibilitado" para desplazarse al Juzgado a fin de prestar declaración, según un escrito consultado por Europa Press.
El letrado manifiesta que, "de la circunstancia de su grave enfermedad, tiene conocimiento" el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, que le citó a declarar como imputado el 3 de noviembre de 2014 dentro de la investigación por un posible fraude en subvenciones por parte del sindicato UGT mediante facturas falsas, "sin que pudiera llevarse a efecto, previo informe en ese sentido del médico forense y con conformidad del Ministerio Fiscal".
De este modo, el letrado pide que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución que consagra el derecho a la intimidad, la documentación justificativa de dicha enfermedad sea aportada mediante comparecencia en la Secretaría del Juzgado "para su examen por el Ministerio Público y médico forense, limitándose las partes personadas que lo soliciten a su exhibición".
Y ello "dado que la documentación que justifica la gravedad de las enfermedades" de su cliente "le afecta a su esfera de la intimidad y que no resulta de interés para la causa y para el resto de investigados", manifiesta el abogado de Pastrana.
CERTIFICADO MÉDICO
De este modo, está previsto que, en la misma mañana de este jueves, el letrado presente en el Juzgado un certificado médico acreditando la enfermedad de su patrocinado, con lo que la declaración se suspenderá con toda probabilidad.
Para este jueves, la juez también ha citado como investigados a Luciano Gómez, como secretario general de FIA-UGT en Huelva, y a Juan Manuel Moreno Valero, en su condición de secretario de Finanzas de la Federación de Industria de CCOO.
En la jornada de este martes, la magistrada tomó declaración como investigadas a la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Cordova Garrido, respectivamente, quienes defendieron la "legalidad" de las ayudas que el Gobierno central concedió para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, negando la existencia de 'intrusos'.
Durante su comparecencia ante la magistrada, que atribuye a ambas presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, Soledad Cordova puso de manifiesto que la ayuda concedida por el Gobierno se otorgó conforme a la Orden Ministerial de 1995, de forma que "cumplía los requisitos exigidos" por dicha Orden y por tanto "fue legal".
Cordova también indicó que, en el caso de las ayudas que otorgó la Junta, "desconoce el procedimiento de concesión" que se siguió, aunque señaló que la Administración autonómica tenía "plenas competencias" para otorgar ayudas extraordinarias en materia laboral.
LOS "ERRORES" DE LA UCO
De su lado, la ex secretaria general de Empleo del Ministerio Carmen de Miguel García también afirmó que las ayudas del Estado se otorgaron conforme a la Orden de 1995, tal y como recoge el informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Algunos de los investigados coincidieron en criticar los "muchos errores" y "barbaridades" en que ha incurrido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su atestado sobre las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, atestado que, a su juicio, "no tiene rigor", por lo que "no están de acuerdo" con sus conclusiones.
De su lado, el ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero también declaró como investigado este martes y mostró su confianza en que la juez archive su imputación en el caso porque "nunca participó" en la tramitación de estas ayudas. "Más que preocupado, estoy tremendamente indignado y cabreado por verme en esta situación, de algo en lo que nunca participé", afirmó.
"Lo que le he dicho a la juez es ni más ni menos lo que ha sucedido, nunca participé de nada, nunca firmé papeles, nunca firmé ningún cheque, nunca supe ni tan siquiera las ayudas ni las personas ni estuve en ninguna reunión de ERE de nada", indicó Carbonero.
La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirige contra 25 personas, como son las dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar; seis ex altos cargos de la Junta, en concreto los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de diez sindicalistas, cinco 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.
La juez, que centra la investigación en las ayudas por más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis --Bolsa de Tharsis e Insersa-- y Minas de Río Tinto, asevera que la investigación de las ayudas a la constitución de pólizas de prejubilación a los extrabajadores de la Faja Pirítica "ha puesto de manifiesto, hasta el momento y sin perjuicio del resultado" de las diligencias que se practiquen, tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal.
INCLUSIÓN DE 'INTRUSOS'
De este modo, alude a la inclusión en las pólizas de personas que "nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica" y a la asignación de coeficientes reductores "falseados" para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que "como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'".
Asimismo, la instructora señala "el papel jugado" en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados a través de sus representantes sindicales "y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter".
A su juicio, "las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos".