Un grupo reducido de jóvenes partidarios de los presos de ETA han protagonizado este martes ante la sede en Madrid de Instituciones Penitenciarias una protesta contra la negación de los gobiernos de España y Francia a permitir una escenificación negociada sobre el fin de la banda terrorista, lo que interpretan como una estrategia para "imponer un relato basado en el esquema de vencedores y vencidos".
"Los Estados tratan de impedir la resolución del conflicto para imponer un relato basado en el esquema de vencedores y vencidos", han asegurado mientras mostraban una pancarta en contra de la dispersión y gritaban consignas habituales del colectivo de apoyo a los presos de ETA.
Una decena de agentes de la Policía Nacional se ha personado en la sede de Instituciones Penitenciarias en la madrileña calle de Alcalá por una protesta escasamente secundada que coincide con la difusión del documento del Colectivo de Presos (EPPK en sus siglas en euskera).
En dicho documento, EPPK trata de salvar las diferencias internas permitiendo los beneficios penitenciarios individuales, aunque sin autorizar la colaboración con la justicia, ya que se fija como "límites" la "delación" y el "arrepentimiento" sobre el pasado criminal de la banda.
La derrota policial de ETA y su renuncia a los atentados en octubre de 2011 abrió un debate en el entorno de la banda sobre la idoneidad de que los más de 350 presos que siguen bajo su disciplina mantuvieran o no la ortodoxia en las cárceles. El 28 de diciembre de 2013, el EPPK anunció su disposición a acogerse a los beneficios penitenciarios recogidos en la ley.
Esta postura fue abiertamente criticada con el nacimiento meses después de 'Aministía Ta Askatasuna' (ATA), otra plataforma surgida en el seno de la izquierda abertzale con vocación de representar los intereses de los presos y prófugos de ETA. Esta red recuperó los discursos de máximos, situando la amnistía en el centro de sus exigencias. Sortu también lanzó otra plataforma, Sare, que aspiraba a convertirse en la voz del colectivo.
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha reiterado que, antes de reconsiderar la política penitenciaria de dispersión, se tiene que disolver ETA y entregar las armas, y los condenados por terrorismo pedir perdón y colaborar con la justicia. Las víctimas del terrorismo consideran que hay más de 300 casos que aún no han sido esclarecidos judicialmente.