A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor del 'caso Gürtel' ha ampliado la comisión rogatoria dirigida a las autoridades argentinas al objeto de que bloqueen los saldos, las inversiones financieras y otros productos como cajas fuertes que esta sociedad haya contratado en el Banco Macro, de Sarmiento (Buenos Aires).
Ruz se interesa por los movimientos bancarios efectuados por la compañía, al tiempo que solicita a las autoridades del país sudamericano que recaben toda la documentación que esté relacionada con titulares, apoderados y beneficiarios de la cuenta abierta por La Moraleja.
Pide así información sobre planes y fondos de pensiones, tarjetas bancarias, depósitos, recibos de pago, préstamos e hipotecas, declaraciones financieras o contratos, cheques usados como certificados de cobro o datos relativos a la utilización de cheques bancarios, cheques de viajes, bonos y valores adquiridos a través del banco.
Reclama además todos los memorándums, notas, informaciones relativas a reuniones o conversaciones vinculadas a dichas personas o entidades, junto al extracto de movimientos y los soportes documentales.
Transferencia de 143.959 euros
El magistrado acuerda esta diligencia tras tener conocimiento de que Bárcenas habría procedido a realizar diferentes transferencias Suiza a países como Estados Unidos y Uruguay, incluyendo posiciones bancarias vinculadas a La Moraleja S.A. contando con la "ayuda" de Edgar Patricio Bel, Iván Yáñez, Ángel Sanchís Herrero y Ángel Sanchís Perales.
En un auto, argumenta que parte de los fondos ocultados por el extesorero del PP se habrían reintegrado en su patrimonio. Así podría haber ocurrido en relación a la sociedad Conosur Land S.L. , perteneciente a Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, en la que los "únicos" ingresos observados son los derivados de La Moraleja por importe de 143.959 euros.
En conclusión, sostiene, los "fondos que alimentan Conosur Land forman parte de los originariamente expatriados" desde las cuentas de Bárcenas en Suiza con destino a Estados Unidos e introducidos en España, "solapados bajo un supuesto contrato de prestación de servicios entre aquella sociedad y La Moraleja, que previamente habría sido perceptora de fondos de las cuentas suizas" del extesorero del PP cuando se abrió la investigación en su contra.
Bárcenas habría conseguido así ocultar este dinero e introducirlo en el circuito económico legal mediante la utilización de contratos privados que "no se justifican o no obedecerían a la realidad".