El fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, ha asegurado este martes que no ve motivos para dimitir y ha remarcado que le "acredita" el haber ordenado prisión para el expresidente madrileño Ignacio González aunque éste pensase que su nombramiento le "iba a favorecer". "Muy bueno no será (para él) cuando yo he ordenado su prisión", ha dicho.
"A mí lo que me acredita es que pese a que este señor parecía mostrar gran preferencia por mi nombramiento yo ordeno su prisión, Yo no estoy vinculado por las opiniones subjetivas del señor González", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
Moix ha defendido su actuación en la instrucción de la 'operación Lezo'. Entre otras cosas, ha defendido que, a día de hoy, sigue sin ver acreditado "en este estado de la investigación" el delito de organización criminal, aunque admite que el juez lo recoja en su auto porque decretar prisión debe justificarse en una "existencia indiciaria de delito".
Según ha dicho, lo que él les dijo a los fiscales es que "según el informe" que le habían presentado él no veía claro ese delito de organización criminal, y sigue pensando lo mismo, aunque otra cosa es que se acredite después. "Eso es lo que estamos investigando, no está acreditado todavía", ha dicho Moix y ha añadido que le "encantaría" poder explicar por qué piensa así, pero que no puede hacerlo porque el sumario está declarado secreto.
En la misma línea, ha dicho respetar que tanto el PSOE como Podemos estén pidiendo su dimisión por su actuación en este caso, pero él no ve motivos: "No es que me dé igual, es que ellos no tienen todos los elementos de juicio necesarios porque no se han estudiado el asunto", ha justificado.
Moix ha asegurado sentirse "absolutamente cómodo" en su nuevo puesto, "orgulloso de dirigir" a fiscales que son excelentes profesionales y que trabajan contra la corrupción.
De hecho, ha añadido que le gustaría que le aclarasen en qué piensan que ha "torpedeado" la investigación, cuando los hechos son que se han hecho todos los registros y se ha detenido a todas las personas que la fiscalía consideró necesario. "No entiendo cuál es el criterio que se utiliza para decir que yo torpedeo las investigaciones", ha zanjado Moix.
Según ha dicho, él conocía la conversación en la que González habla de él desde antes de ser nombrado fiscal Anticorrupción. Eso sí, ha matizado que el expresidente madrileño se refiere a él como un "tipo serio y bueno" al que quiso hacer Fiscal General pero no reunía los requisitos, pero no que con su nombramiento se fuesen a terminar los problemas del 'popular' con la Justicia.
NO ES AMIGO DE GONZÁLEZ
También ha reconocido que conoce a Ignacio González, pero que no son amigos, sino que tuvieron "relación institucional" porque que desde 2003 fue Fiscal Superior de Madrid y la relación institucional con los gobernantes formaba parte de su tarea como representante del Ministerio Público en la Comunidad. En todo caso, ignora por qué Ignacio González pensaba que su nombramiento le favorecería.
También ha explicado que él no se negó a hacer ningún registro en el marco de la 'operación Lezo', sino que era partidario de no incluir en el mismo procedimiento un registro relativo a una operación que se hizo en 2001 y "donde no estaban ni Ignacio González ni Edmundo Rodríguez Sobrino" porque "no veía la conexión".
Sus subordinados llevaron la discrepancia a la Junta fiscal y, según ha relatado, en ella hubo un "debate jurídico" y la discrepancia se resolvió "de la manera más normal del mundo". Tras oír a la mayoría de la Junta decidió que parecía "razonable" que, puesto que ya estaba todo preparado para la entrada, ésta se llevase a cabo y ya se valorase posteriormente si había que separa el procedimiento.
A su modo de ver, que una discrepancia entre los fiscales y su jefe se resuelva de este modo es algo "absolutamente ordinario", aunque no "ocurra todos los días".
CONTRARIO A LA ACUSACIÓN POPULAR
Por otro lado, ha reconocido que él no es partidario de la acusación popular "en general" porque cree que, aunque en algunos casos ha permitido sacar adelante investigaciones, en conjunto ha generado más perjuicios que beneficios.
"De mantenerla, la mantendría para delitos muy específicos y muy concretos y con unos requisitos muy limitados", ha puntualizado. Entre los prejuicios ha citado la "dilación de procedimientos" y el caso de Manos Limpias, aunque no lo ha citado por su nombre, que hizo abrir "investigaciones absolutamente inconsistentes".
No obstante, ha evitado contestar a la pregunta de si el PP no ha provocado también dilaciones en los juicios pidiendo nulidad de los procesos y de las escuchas.