En su exposición --que en su caso, se limita al delito fiscal dentro de la trama general del expolio--, el abogado ha sostenido que los mandatarios cometieron irregularidades fiscales en los cuatro años analizados: de 2006 a 2009.
Pese a que el fraude se produjo supuestamente durante esos cuatro años, sólo en 2007 lo defraudado superó la cifra de 120.000 euros que lo convierten en delito --concretamente, 648.000 euros ese año--, mientras que el fraude en el resto de ejercicios se derivó a la vía administrativa.
Este supuesto fraude fiscal lo cometieron desde lo que ha calificado de caja única, que Millet, Montull y la hija de éste y exdirectora financiera, Gemma Montull, "controlaban de forma total y jerárquica" pese a que el Palau lo conforman tres entidades: Fundació, Associació y Consorci.
La Abogacía del Estado acusa a una cuarta persona en este supuesto delito fiscal: el contable Edmundo Quintana, trabajador externo del despacho de Raimon Bergós, que fue quien presentó las declaraciones.