El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha mostrado este miércoles su "perplejidad" en la Comisión de Justicia por el hecho de que la junta directiva de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) le advirtiera en su día de la existencia de las conversaciones intervenidas judicialmente en las que el expresidente de la Comunidad de Madrid hoy en prisión por la 'Operación Lezo, Ignacio González, apuesta por el nombramiento de Manuel Moix al frente de Anticorrupción por creerle favorable.
Maza ha confirmado este episodio durante su intervención en el Parlamento, donde también ha dicho que el contenido de dicha conversación de González --obrante en el sumario de la 'Operación Lezo' que se encuentra bajo secreto-- le fue comunicada de forma oficial por la actual teniente fiscal y entonces fiscal jefe en funciones en Anticorrupción, Belén Suárez.
Pese a estas advertencias, Maza nombró a Moix y este miércoles ha mostrado a los diputados que no tiene ninguna intención de cesarle, ya que tanto en dicho momento como a día de hoy sigue considerandole el más adecuado para el puesto tal. En su día su nombramiento fue respaldado por el el propio Consejo Fiscal y hace tan sólo algunos días la asociación mayoritaria en la Carrera, que es la Asociación de Fiscales (AF) en un comunicado.
"SI DESTITUYO A MOIX PARECERÍA INCOHERENTE Y COBARDE"
Maza ha enmarcado este episodio y su defensa de Moix en la "difícil situación" en la que se encuentra por la existencia de filtraciones "parciales e interesadas" sobre la investigación del caso. "Qué opinión tendrían de mí si yo destituyera a ese jefe, pensarían que soy incoherente o un cobarde que va echando lastre por mantenerse en su puesto" ha señalado, tras incidir en que no existe ningún indicio de que éste paralizara ninguna investigación contra la corrupción.
Por otra parte, Maza ha reclamado a los diputados "herramientas legales" para poder luchar contra las citadas "filtraciones" interesadas de sumarios judiciales, tras reconocer que el problema "le excede y excede a la Fiscalía".
También ha pedido que el Parlamento empreda de una vez la reforma procesal para dar a la dirección de la investigación a los fiscales, de los que ha reconocido no obstante que "son autónomos" aunque no completamente independientes porque pueden discutir el criterio de sus superiores.
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