Maza ha considerado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está cometiendo un delito de desobediencia, en el que estaría perseverando dado que ha continuado promoviendo una consulta que la Justicia ha declarado inconstitucional.
"Pienso que sí, por eso la Fiscalía está actuando y considera que tiene diligencias con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque está acogida al aforamiento en estos términos, los tribunales se pronunciarán en su día, pero estamos absolutamente convencidos de que es así", ha avisado Maza en declaraciones a Onda Cero.
José Manuel Maza ha recordado que el delito de desobediencia, al igual que la prevaricación, no conlleva pena de prisión, por lo que Puigdemont iría a la cárcel si hubiera incurrido en malversación. Aunque, reitera, que "no quiere decir que se pida o no". "Tendremos que ver las circunstancias en que se produce en su momento, de momento no lo hemos solicitado", ha explicado.
Preguntado por sí una posible declaración de independencia de Cataluña constituiría un delito de rebelión, ha distinguido que si ésta se produce de manera pacífica y sin recurrir a grandes grupos de personas, sería un caso de desobediencia. Mientras que sería un delito de sedición si ésta involucra a un número importante de personas.
Según ha explicado Maza, estaríamos ante un delito de rebelión si la independencia supusiera la actuación de grandes tumultos y además se incurriera en violencia.
Advertencia al Mayor de los Mossos
El fiscal general del Estado ha asegurado que resulta "de lo más obvio" que los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan que coordinarse para actuar ante el referéndum del 1 de octubre y ha dicho que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, "tendrá consecuencias legales" si no lo cumple.
Maza ha explicado que "es fácil de entender que el 1-O tiene que estar preparado algún plan ante la eventualidad de que pueda haber una existencia de urnas" y para ello "es de lo más obvio que tiene que haber un plan coordinado". "Si el señor Trapero no quiere cumplir esto, que es un mandato legal, tendrá consecuencias legales", ha señalado.
En este sentido, el fiscal recordado que la legalidad ampara en distintos supuestos que sean los jefes de las fuerzas de ámbito nacional quienes se ocupen de la organización de la actuación conjunta: "La otra opción es que cada uno actúe por libre", ha ironizado y ha añadido que confía en que Trapero sea "razonable".