Así se señala en el escrito remitido por El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza al fiscal superior de Cataluña y a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió el jueves la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre.
Este viernes, la Fiscalía Superior de Cataluña, por su parte, ha presentado sendas querellas criminales: Una contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y su Gobierno por la convocatoria de referéndum del 1 de octubre y otra contra los miembros de la Mesa del Parlament que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum.
La querella contra los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica por los delitos de desobediencia y prevaricación, mientras que el presidente de la Generalitat y el resto del Gobierno por los decretos de convocatoria y organización del referéndum.
Maza ha defendido estas acciones "en defensa de la legalidad y del derecho, ante la gravedad de la situación provocada por el Gobierno de Carles Puigdemont.