"Valoraremos las distintas consideraciones jurídicas con respecto a los que han participado como sobre si se ha pagado una cantidad de dinero público", ha asegurado en una entrevista con COPE, que recoge Europa Press.
Así ha apuntado más a los aspectos de contratación del evento que al acto en sí. "Para mi si ha habido entrega de dinero, en concepto de alquiler o un contrato, usando fondos públicos estaríamos ante un delito de malversación", ha argumentado.
El fiscal general del Estado ha afirmado que valorará la responsabilidad de los partícipes, aunque ha puntualizado que en el caso de los asistentes ésta "se diluye" y cabría hablar del "derecho de acudir al acto", como de quienes tuvieron protagonismo el acto de Tarragona.