Así se ha pronunciado Vega en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional en el que se enfrenta a penas de diez años de cárcel, 21 años de inhabilitación especial para desempeñar un empleo o cargo público y 30.000 euros de multa por delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsificación de documento oficial por irregularidades en la contratación del servicio doméstico en la residencia oficial de la Embajada en 2011.
El acusado ha responsabilizado a Medina, la persona que le denunció en octubre de 2011, de las gestiones administrativas que rodearon los contratos investigados y ha precisado que él se limitó a firmar las notas verbales enviadas al Ministerio de Asuntos Exteriores. "El canciller es el contable y el cajero pagador", ha agregado.
"Medina nunca me advirtió de prácticas irregulares y esas prácticas las realizó él o él participó en el proceso de selección. No me advirtió en absoluto", ha señalado, para decir que no tiene "dudas" de que el canciller le denunció cuando él "intentó poner coto a prácticas ilegales", como el hecho de que la Embajada contara con una caja opaca para eludir el pago de impuestos en la compra de gasolina o alcohol.