Así lo expone la magistrada que instruye la causa en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los exconsejeros por los delitos de sedición, rebelión y malversación en su informe remitido al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investiga por su parte a los exmiembros de la Mesa del Parlament y que pidió valoración a las partes sobre la posible acumulación de todas las causas judiciales abiertas por el denominado 'procés'.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 considera que todas las personas querelladas forman parte de "una compleja y heterogénea organización" que desde 2015 -año en que arrancó el plan independentista- viene desarrollando una premeditada estrategia "perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles".
Por ello entiende que la investigación a los exmiembros del gobierno catalán por un lado y a los parlamentarios aforados por otro, no debe ser escindida, "sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido".
La juez describe un organigrama integrado desde el ámbito legislativo, ejecutivo y la sociedad civil. En este último punto se refiere al papel que juegan en la deriva soberanista las entidades de ANC y Òmnium Cultural, a su juicio "asesores ideológos" del proceso de desconexión. Sus dos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, también están siendo investigados en esta causa junto con el exjefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y la intendente Teresa Laplana por el delito de sedición.