El anexo que han registrado desarrolla el punto 8 de la resolución, que es el que insta al futuro Govern a cumplir exclusivamente las normas que emanan de la Cámara catalana y que "puedan verse afectadas por decisiones del Estado español".
Así, el texto recoge que el futuro Govern deberá garantizar derechos de vivienda, sanidad y educación, entre otros, aunque el Estado pueda impugnar normas en este ámbito, como el decreto de pobreza del Govern que el Gobierno central llevó al TC hace meses y que está suspendido.