Según un comunicado, el texto presentado recuerda que se ha admitido a trámite una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a instancias de la Fiscalía, por haber permitido el debate y votación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, y subraya que el ordenamiento jurídico "no permite atribuir a la presidencia del Parlament la obligación de coartar o impedir a los diputados la libre manifestación de sus opiniones" o su derecho de voto.
Asimismo, considera una "flagrante" vulneración de la inviolabilidad parlamentaria que se impute a Forcadell un presunto delito por su actividad parlamentaria y expresa la voluntad del Parlament de preservar los derechos de los diputados.