"El principal objetivo que perseguíamos es reducir la litigiosidad, pero no para aquellos que exigen y demandan y tienen derecho a una tutela judicial efectiva, sino para aquellos que usan y abusan de los tribunales para conseguir una dilación en el cumplimiento de sus obligaciones", ha dicho en declaraciones en la cadena COPE.
En este sentido, ha explicado que si la litigiosidad se reduce, también disminuirá la recaudación pese al incremento de las tasas. "Por lo tanto, se demostrará que no había afán recaudatorio", ha concluido.
Tras admitir que es "normal" que una "subida de impuestos" como esta genere malestar, Bravo ha dicho que le parece "llamativo" que "los principales opositores a la medida sean precisamente los operadores judiciales y no tanto la ciudadanía".
Eso se debe a que "la mayor parte de los ciudadanos no acuden habitualmente a los tribunales", sino que lo hacen de forma "excepcional, a diferencia de lo que ocurre con el sistema sanitario", y eso es "bueno", ha declarado en otra entrevista en Onda Cero.
Sin embargo, a renglón seguido ha indicado que España tiene una tasa de litigiosidad "mucho más alta que la media de los países de nuestro entorno", especialmente en el ámbito Contencioso-Administrativo.
"En muchas ocasiones intentamos acudir a un sistema de recursos agotando todas las instancias, sabiendo que las posibilidades que tenemos de que se reconsidere la primera decisión judicial son mínimas", ha señalado.
El subsecretario ha afirmado que, ante esta situación, lo que pretende el Gobierno con la nueva ley es que "se haga un uso racional y razonable de los servicios de la administración de justicia".
A su juicio, no se debería "plantear una queja" porque el Ejecutivo pida que "el que hace uso del servicio" sufrague aproximadamente un 10 por ciento de los 4.000 millones en los que se estima el coste total de la Justicia.
Por otro lado, ha destacado que el Ministerio de Justicia está haciendo un trabajo "sin precedentes" para solucionar un "problema crónico" del sistema judicial español, que es la alta litigiosidad.
Así, ha explicado que el incremento de las tasas no es la única medida que se ha adoptado con ese fin, y ha mencionado la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles que se aprobó hace unos meses.
Además, ha añadido Bravo, se está revisando la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se está abordando "una reforma muy compleja" en el orden Contencioso-Administrativo y se va a presentar la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que permitirá que registradores y notarios se hagan cargo de algunas competencias judiciales.