En su declaración, el procesado alegó que no recordaba nada y que no había asesinado a nadie. Su defensa defiende que los hechos fueron "un accidente", algo "fortuito". Tras el suceso, el procesado se quedó en silla de ruedas.
En el juicio, el fiscal solicitó veinte años de prisión por un delito de asesinato con alevosía. Y pidió que una vez haya cumplido la condena el presunto asesino sea expulsado del territorio nacional con la prohibición de entrar durante diez años.
El acusado contaba con antecedentes penales. De hecho, ya había sido condenado un año antes a seis meses de cárcel por un delito de resistencia a la autoridad y lesiones, e incluso se había acordado su expulsión de España por cinco años.