La fiscal jefa de Barcelona, Anna Maria Magaldi, denunció que unos desconocidos entraron en la casa que tiene en un pueblo del Pirineo y le cortaron la calefacción y desconectaron la antena de televisión tras forzar la puerta del trastero. Por otro lado, han aparecido varias pintadas en un municipio de Girona en las que se exigía al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, que se marchara de allí.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Ignacio González Vega, ha afirmado que esto ni es "de recibo", ni es la "forma de manifestar la oposición". "Probablemente tratan de intimidar a la única institución que tiene una presencia en todo el territorio la Comunidad Autónoma de Cataluña que es el Poder Judicial", cuyo "importante" papel es "dar respuesta en derecho a los problemas que se plantea por la sociedad".
"Cualquier actuación del tipo que sea tendente a presionar, intimidar, influir o tratar de forzar un pronunciamiento judicial en determinado sentido merece la más repulsa por su gravedad para la propia supervivencia del Estado Derecho", ha dicho el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar. Además, ha recordado que este tipo de conductas están contempladas en el Código Penal como "constitutiva de delito".
"NO VAN A CONSEGUIR MINAR AL PODER JUDICIAL"
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, coincide con su colega y que ha asegurado que estas actuaciones, y sobre todo ante la tensión que se está viviendo en Cataluña por el denominado proceso soberanista "va más allá". "Van a minar al Poder Judicial, al Estado de Derecho y a todos los ciudadanos, pero no lo van a conseguir".
Por último, la presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha destacado que los jueces y fiscales "como cualquier otro ciudadanos tienen derecho a un respeto hacia su persona". Ha instado al Poder Judicial a que ampare a estos profesionales que "se encuentran perturbados en su independencia a la hora de ejercer sus funciones jurisdiccionales" y que esto no afecte a "su vida privada".