La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha censurado este miércoles la Comisión Especial sobre la Violación de Derechos Fundamentales en Cataluña cuya creación fue publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña por entender que sus fines pueden entenderse como una injerencia en la independencia de la labor de los jueces. Piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actué al respecto.
Dicha comisión, según señala el acuerdo para su creación -que tiene fecha del pasado 2 de octubre- "permitirá velar porque el sistema judicial sea(...) igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos, con la finalidad de garantizar que también haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales".
La creación de este órgano se justifica, según el citado acuerdo, en "hechos gravísimos fruto de la violencia y la represión policiales sufridas por buena parte de la ciudadanía de Cataluña que quería ejercer su derecho a votar de forma pacífica" el pasado 1 de octubre.
Para el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González de la Vega, la creación de este órgano es un "despropósito" porque busca "cierta medida de control" sobre la labor de los jueces que correspondería, en todo caso al Ministerio Fiscal o a los jueces a través de la vía de los recursos. "Resulta una injerencia", según ha manifestado González de la Vega a Europa Press, que cree que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería actuar al respecto.
Según el acuerdo de creación de esta comisión, la Comisión se justifica por la "gravedad y la dimensión" de lo ocurrido durante las cargas policiales del 1-O "exige reunir toda la información posible, analizar hasta qué punto se han violado las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas y adoptar todas las acciones legales para depurar las responsabilidades de los agentes, de los mandos y de los responsables políticos que ordenaron estas operaciones, de forma que seimpida la existencia de cualquier espacio de impunidad".
El Gobierno de Carles Puigdemont señala que esta labor la llevará a cabo esta Comisión especial, que estará integrada por "expertos externos al Gobierno y por miembros de los servicios jurídicosde la Administración de la Generalidad".