El magistrado, que investiga la participación de Bolinaga en el asesinato del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos, que se produjo en la localidad guipuzcoana en 1986, rechaza esta medida de control, solicitada por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco el pasado 13 de mayo, argumentando que "no hay modificación alguna de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta" para acordar su prisión domiciliaria.
El auto señala que "en modo alguno" las actuales medidas de seguridad en el domicilio de Bolinaga pueden suponer "cierta lesividad mediática en el entorno" del preso, como argumentaba la Ertzaintza, y tampoco supondrían "agravar la situación del mismo ni el devenir diario de los vecinos del entorno".