La investigación se inició a raíz de que una mujer sufrió quemaduras en el rostro al recibir un tratamiento de belleza destinado al rejuvenecimiento de la piel mediante la aplicación de disparos de luz que regeneran el tejido con uno de los aparatos intervenidos en una clínica de estética.
Los agentes sospecharon que podría tratarse de un aparato falsificado, por lo que realizaron las actuaciones necesarias para averiguar el origen de la máquina empleada durante la sesiones. Pronto confirmaron sus sospechas y vieron que se trataba de la imitación de unidades de alta tecnología, de las cuales únicamente hay 30 piezas en el mercado español y cuyo precio ronda los 40.000 euros.
Avanzada la investigación, los agentes dieron con el proveedor, una empresa ubicada en Pontevedra que llevaba más de tres años importando estos aparatos falsos provenientes de China y los habían vendido a clínicas de A Coruña, Cuenca, Albacete, Barcelona, Granada, La Rioja, Málaga, Valencia, Salamanca, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife.
Una vez que llegaban a España los aparatos eran puesto a la venta por el responsable de la empresa en redes sociales y ferias de belleza, convenciendo a los posibles compradores de su originalidad a través de certificados falsos que acreditaban la superación de exigentes pruebas de calidad.
De esta manera los propietarios de las clínicas de estética sufrían un engaño al pagar más de 15.000 euros por un producto original cuando en realizad recibían uno falso.
Después de localizar la empresa encargada de la venta, los agentes destinaron sus empeños a discernir cuáles habían sido las clínicas receptoras de los aparatos de belleza falsos vendidos por la empresa gallega. En total doce máquinas han sido localizadas e intervenidas en once provincias de todo el país.
Estos aparatos se encontraban en funcionamiento hasta su intervención, lo que ha afectado no solamente a la imagen de las marcas compradoras, sino que también suponían un riesgo para la salud de los clientes.
El responsable de la venta ilegal ha sido arrestado en Pontevedra por un presunto delito contra la propiedad industrial, un delito de estafa y por falsedad documental. Además se han realizado dos registros en los que se han intervenido pendrives y cartuchos para el funcionamiento de las máquinas falsificadas.