El documento, elaborado por Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local per la Independència (SITxCAT) y al que ha tenido acceso Europa Press, no observa posible comisión de delito y destaca que no es potestad de los funcionarios decidir a qué ordenamiento jurídico obedecen.
El informe analiza una situación que la AMI reconoce compleja tras la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República esta semana en el Parlament de Cataluña, que se ampara, según indican, en principios del derecho internacional.