Los abogados de la Infanta han presentado este recurso directamente a la Audiencia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares después de que Castro decidiese sentar en el banquillo de los acusados a la hermana del Rey Felipe VI.
Castro considera que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.
Así lo decidió en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, en el que finalmente resolvió no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para Doña Cristina.