En su recurso de apelación los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva consideran una "clara contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales" el hecho de citar a declarar a su patrocinada "estando claro a estas alturas del proceso que sólo la acusación popular", ejercida por el sindicato Manos Limpias, "podría estar interesada" en esta diligencia".
En esta línea, ven "altamente improbable" que el emplazamiento de la infanta para que acuda a declarar a los Juzgados de Via Alemania de Palma resulte "útil a los fines del proceso". En su impugnación, los letrados apuntan así a una vulneración del principio de igualdad, a la inexistencia de indicios incriminatorios y de infracción penal alguna así como a la vulneración del principio acusatorio en la imputación de su defendida.
La hija del Rey Don Juan Carlos ha interpuesto así un extenso recurso contra la decisión del juez instructor de la causa, José Castro, de imputarla en el marco de este procedimiento judicial, después de que ya lo hicieran la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
En concreto, el Ministerio Público incidía en que si los responsables políticos "supuestamente influenciados" por la presencia de la infanta en el Instituto Nóos desconocían que ésta fuera vocal en esta entidad y no trataron o gestionaron de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, "¿cómo puede ejercer aquélla una influencia delictiva?".
Por su parte, la Abogacía del Estado se adhirió a la impugnación del fiscal Pedro Horrach únicamente en relación al presunto fraude fiscal investigado en el caso Nóos, que se eleva a unos 470.000 euros, debido a que su personación en la causa se limita a la defensa de la Agencia Tributaria (AEAT) como perjudicada por la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública.
Así lo precisaba en el escrito en el que la Abogacía aseveraba que su apoyo a la impugnación del Ministerio Público "viene limitado, por su legitimación, exclusivamente a la instrucción, averiguación, acusación y defensa de la AEAT" en lo referente a las anteriores infracciones penales y no en cuando al resto de delitos, en particular el de tráfico de influencias".
De este modo, la Abogacía aseveraba que no existe "un sólo indicio incriminatorio" respecto a la hija del Rey Don Juan Carlos "más allá de ser titular en un 50 por ciento de la sociedad Aizoon", de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin.
Tampoco ve la Abogacía del Estado indicios delictivos por parte de la infanta en torno a la presunta defraudación de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, habida cuenta de que la mujer de Urdangarin "sólo" ostentaba en esta entidad el cargo de vocal.
En concreto, la AEAT solicitó personarse en el caso tras tener conocimiento de la denuncia interpuesta por la Fiscalía por la supuesta comisión de dos delitos fiscales por el impago del IRPF en 2007 y 2008 por parte del Duque y de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades en 2007 en el caso de la entidad aparentemente sin ánimo de lucro.