En declaraciones a los medios Pascual Vives no ha descartado que Urdangarin tenga que embargar sus propiedades para hacer frente a la fianza por responsabilidad civil, en el caso de que finalmente el juez que instruye el caso, José Castro, dé el visto bueno a esta solicitud del fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
A Pascual Vives aún "no le consta" ninguna notificación del juzgado que le advierta de este pago, aunque supone que llegará pronto, y ha añadido que siempre actuarán como marca la ley.
Iñaki Urdangarín y Diego Torres tendrán que abonar 8.189.448,44 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el dinero supuestamente defraudado a las administraciones valenciana y balear entre 2004 y 2006.
El escrito de la Fiscalía apunta el escrito que los responsables políticos de las Administraciones pactaron de forma verbal con los representantes del INSTITUTO NOOS la celebración de varios congresos al margen de cualquier expediente administrativo.
La Fiscalía sostiene que "los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada y de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad es la de beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa".