Mas tendrá que acudir a declarar ante el alto tribunal el próximo jueves 15 de octubre aunque dos días antes, el martes 13 de octubre, ya lo habrán hecho sus dos consejeras también imputadas, la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega y la responsable de Educación en funciones, Irene Rigau.
La fiscalía acusa a Mas y a sus dos consejeras de la comisión de cuatro delitos por la convocatoria de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, cuya condena lleva aperajada también la pena de inhabilitación para el desempeño de cargo público.
Obstrucción a la Justicia
Es el más grave de todos y el único que conlleva pena de cárcel. Está regulado por el artículo 508.1 del Código Penal. La autoridad que sea condenada a por ello se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Desobediencia general
Contemplada en el artículo 410.1 del Código Penal, castiga la desobediencia grave cometida por autoridades públicas. Lo hace imponiendo multas que van tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Malversación de caudales públicos
El Código Penal en su artículo 432.1 fija en el caso de que Mas o sus consejeras sean condenadas a multas que van de seis a doce meses además de suspensión de empleo o cargo público entre un mínimo de seis meses y un máximo de tres años.
Prevaricación administrativa
Castigada a través del artículo 404 del Código Penal, sanciona a cualquier autoridad que dicte una "resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia". La pena impuesta es la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
En caso de ser ser hallados cumpables por el tribunal, la codena máxima para Mas, Rigau y Ortega no superaría el 1 año de prisión, seis años de suspensión de cargo público y 12 de inhabilitación.