La 'operación Pika' afecta a tres importantes organismos públicos que, de acuerdo a la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, realizaban presuntamente licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas.
Como contraprestación a la adjudicación de estos contratos, posteriormente hacían efectivas donaciones a las fundaciones satélites de CDC. La Guardia Civil sospecha que esta dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista.
Los 25 registros y dos requerimientos se están llevado a cabo en las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Entidad Pública BIMSA. La Guardia Civil se encuentra también recabando información en despachos profesionales y domicilios relacionados con la trama presuntamente fraudulenta.
250 agentes se han desplegado en Barcelona, Girona y Lleida en el marco de una investigación por la presunta financiación irregular de la antigua CDC en una operación que es continuidad de 'Petrum'. El operativo está dirigido por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).